La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) resolvió ayer en asamblea declararse en “estado de alerta”, convocar a “sesión permanente” a la dirección sindical e impulsar un plan de acción “en defensa de la fuente laboral, no descartando la aplicación de un paro nacional general” de la FTIL para “el mes entrante”. La resolución de la asamblea expresa además que, en el marco del próximo Consejo de Salarios, la FTIL va a “impulsar fuertemente” en su plataforma “la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario”, “transitar un camino conjunto” con la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines para concretar “la negociación colectiva por cadena productiva” e incorporar al plan del Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT “un gran debate sobre la extranjerización y concentración de la tierra, aplicación efectiva de la Ley 11.029 [Instituto Nacional de Colonización] y aspectos que hacen a la necesaria modificación de la ley de inversiones”.

La FTIL considera que las empresas están impulsando políticas con el objetivo de “preparar el peor escenario hacia los Consejos de Salarios”, y rechaza el “accionar que impulsan las empresas lácteas, aplicando políticas y acciones que perjudican” a los trabajadores. Además, exige “el pleno respeto a todos los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo de Salarios, atendiendo particularmente la cláusula relativa a reestructuras”, que establece que ante la incorporación de tecnologías o reingeniería de sistemas y procedimientos que “traigan como consecuencia el cierre de sectores o modificación de las formas de trabajo que puedan afectar la fuente laboral y derechos de los trabajadores, las empresas informarán a los respectivos sindicatos con la debida antelación y previa adopción de decisión por parte de las empresas”.

Vale recordar que en julio la dirección de Conaprole decidió el cierre de la planta industrial 10 de la empresa láctea, ubicada en San Carlos, departamento de Maldonado, situación que se concretaría en marzo del año que viene. Esta decisión ha generado la reacción de los 40 trabajadores directos que emplea la planta y sus familias, así como de la comunidad de la localidad, que respondió con movilizaciones. A mediados de agosto se realizó en San Carlos una asamblea abierta en la que participaron trabajadores de varios gremios, vecinos y autoridades locales.